El Senado de Estados Unidos votó este jueves en contra de un proyecto de presupuesto que requería 60 votos favorables para avanzar, en una medida que busca presionar cambios estructurales en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras una serie de incidentes fatales protagonizados por agentes federales.

Todos los demócratas de la Cámara Alta y siete legisladores republicanos votaron en contra de la propuesta, lo que acerca al país a un cierre parcial del Gobierno federal que dejaría sin fondos a agencias clave como el Pentágono y el Departamento de Salud.

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La decisión legislativa se produce en medio de una creciente presión pública derivada de tres casos que han generado indignación nacional: el asesinato de la ciudadana Renee Good el 7 de enero, por disparos de un agente federal, la muerte del enfermero Alex Pretti del Hospital de Minneapolis el 24 de enero a manos de agentes del ICE, y la detención del menor Liam Conejo Ramos de cinco años por agentes de migración en Minneapolis. Estos hechos han fortalecido la postura demócrata, que exige reformas urgentes a las prácticas operativas de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El rechazo al presupuesto coincide con negociaciones entre líderes del Senado y la Casa Blanca para aprobar un paquete de financiación separado exclusivo para el DHS, que permitiría implementar reformas como prohibir el uso de pasamontañas por parte de agentes del ICE y obligarlos a utilizar cámaras corporales portátiles durante sus operativos. Esta estrategia busca aislar el financiamiento de seguridad nacional del resto del proyecto presupuestario, que cubre otras agencias federales hasta septiembre.

Horas antes de la votación, el presidente Donald Trump afirmó estar «cerca» de un acuerdo con los demócratas para evitar un nuevo cierre gubernamental. «No creo que los demócratas quieran tampoco un cierre, así que trabajaremos de forma bipartidista para evitarlo. Con suerte, no habrá un cierre del Gobierno. Estamos trabajando en eso ahora mismo», declaró durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca.

Sin embargo, Estados Unidos enfrenta desde mañana viernes la posibilidad de su segundo cierre gubernamental en el año, apenas dos meses después del parón récord de 43 días ocurrido entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, estableció claramente las condiciones de su bancada: «El pueblo estadounidense apoya a las fuerzas del orden. Apoya la seguridad fronteriza. No apoya que el ICE aterrorice las calles y mate ciudadanos estadounidenses». Schumer advirtió que su partido no aportará los votos necesarios hasta que el ICE sea «reformado y controlado». Las exigencias incluyen que los agentes federales dejen de ocultar su identidad con máscaras y sin placas, utilicen cámaras corporales, detengan las redadas aleatorias y realicen arrestos únicamente con orden judicial.

La estrategia demócrata propone financiar al DHS por un periodo corto mientras se negocian reformas específicas, a diferencia del resto de agencias que recibirían fondos hasta septiembre. La senadora Tina Smith, de Minnesota, destacó que los recientes fallecimientos han generado una «unanimidad y propósito compartido» en el caucus demócrata, defendiendo que los agentes migratorios deben regirse por las mismas normas que la policía local, con «responsabilidad y transparencia».

Por su parte, los republicanos en la Cámara de Representantes han ratificado su respaldo al presidente Trump y al ICE. El House Freedom Caucus advirtió que el proyecto no regresará a la Cámara sin financiamiento completo para el DHS.

Algunos senadores republicanos, como Thom Tillis de Carolina del Norte, han aceptado discutir la separación de fondos pero rechazan las exigencias sobre identificación de agentes, argumentando riesgos para la seguridad personal de los funcionarios y sus familias. El senador Lindsey Graham, también de Carolina del Sur, anunció en redes sociales que presionará para incluir cláusulas que impidan a gobiernos locales oponerse a la política migratoria federal.

Mientras las conversaciones continúan, la incertidumbre persiste sobre la capacidad de ambos partidos para alcanzar un compromiso antes del vencimiento del plazo presupuestario. El senador independiente Bernie Sanders reforzó la presión al afirmar que el Congreso no debería enviar «ni un centavo más» al ICE mientras la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, permanezca en el cargo. La falta de acuerdo mantiene latente la amenaza de una nueva paralización estatal que afectaría servicios esenciales y operaciones federales en todo el territorio nacional.

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